Secretaría de anticorrupción en el Ecuador

Secretaría de anticorrupción en el Ecuador 

 

              Iván Granda, titular de la secretaria de anticorrupción, puesto por Lenín Moreno.

                            

Basta a la corrupción, son palabras del presidente Lenín Moreno que implemento la creación de la Secretaría Anticorrupción, a través del Decreto 665, suscrito este miércoles, 6 de febrero del 2019. Esta nueva entidad estará adscrita a la Presidencia de la República y estará dirigida por Iván Granda. Todas estas tomas de decisiones son totalmente en benéfico para nuestro país.

Son varias las funciones que cumplirá la secretaria de anticorrupción entre  las principales está la de proponer directrices para la generación de políticas públicas y acciones que faciliten las denuncias de actos de corrupción de alto impacto, cometidos en la administración pública. Además, la entidad realizará el seguimiento de las acciones en contra de hechos actos al margen de la ley. Otra de sus atribuciones será la de convertirse en un eje transversal para la implementación de la política pública anticorrupción con las entidades del gobierno central y sus dependencias. También coordinará la cooperación entre las instituciones de Gobierno central, organismos de control, entidades judiciales y demás espacios involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos contra el erario público. El documento presidencial aclara que esa labor se debe ejecutar con estricto respeto a la independencia de las funciones del Estado. La lucha contra la corrupción es uno de los ejes establecidos por Moreno a su mandato, desde que asumió la Presidencia el 24 de mayo de 2017. Desde sus primeras intervenciones públicas, el Jefe de Estado anunció un proceso de “cirugía mayor” para combatir ese problema. Por otro lado, mediante el decreto 666, el Primer Mandatario designó a Ricardo Andrés Luque Nuques como director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Este organismo fue creado por el Primer Mandatario el pasado 22 de septiembre, en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia. Este último organismo ha sido acusado de actuar como arma política en contra de la oposición durante los 10 años del correísmo. El nombramiento de Luque se produce en reemplazo de Marlo Pacífico Brito Fuentes, quien ocupará, a su vez, el cargo de secretario de Derechos Humanos (decreto ejecutivo 667).

El problema en Ecuador es la impunidad que impera, no únicamente para quienes cometen actos corruptos, sino para quien realiza un delito en general, pues la probabilidad de que reciba un castigo es muy baja en comparación con otros países, por lo que la solución para la corrupción, como para otros males sociales, es mejorar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente en términos de sus procesos y el castigo a los delitos acusados.

Sin embargo, en Ecuador escogimos el esquema más complicado y caro, pues incluso hay otros modelos instrumentados en otros países con mejores resultados. Por ejemplo, el de Guatemala que ha llevado a exfuncionarios y expresidentes a prisión, es una comisión internacional, como la que ya alguna vez planteó el ahora presidente electo, pero eso implicaría reconocer las fallas de nuestro sistema penal de manera abierta.

Otros esquemas tienen comisiones ad hoc a las estructuras administrativas, un poco en el contexto de las contralorías que existen ahora, pero con capacidades para castigar de manera eficiente a las y los servidores públicos que cometen actos corruptos. El problema es que la cotidianidad administrativa, así como el control político ante la falta de un servicio civil eficiente, frenan la eficiencia de estos modelos.

Asumir una cultura de prevención de riesgos en la administración pública, donde la corrupción es uno de ellos, e incorporar mecanismos de control en los sistemas administrativos de todos los programas públicos, implicaría asumir que el problema existe, pero deteniéndolo desde la base misma de la operación de las actividades públicas, o haciendo más difícil su comisión, pero más fácil su castigo.

En ese sentido, las aseguradoras tendrían mucho que enseñar en términos de políticas de prevención y control de riesgos asociados al trabajo administrativo, que es más eficiente que la instrumentación de una estructura nacional que lo único que hace, es asumir que el problema no va a acabar nunca y para ello la necesitamos de manera permanente. La corrupción siempre existirá en el mundo depende de cada uno de nosotros hacer que el mundo sea diferente.